Sobre la España vacía. Por Mikel Buesa

La España vacía está en el candelero político no tanto por las meritorias reivindicaciones de sus habitantes –que se manifestaron en Madrid, exponiéndolas, hace pocos días– como por la circunstancia de que, en la parte mollar de ella –pues el vaciamiento afecta también a las zonas rurales de las provincias más pobladas–, la elección de diputados tiene una prima de representación en virtud de la singularidad de nuestro sistema electoral. No nos engañemos: si esta última circunstancia no se diera, probablemente ningún partido se ocuparía del asunto, tal como ha venido pasando durante el último siglo y medio.

El vaciamiento de la España rural lleva produciéndose, en efecto, muchos años. Las investigaciones desarrolladas por el grupo que dirige Javier Velázquez en la Universidad Complutense muestran que se trata de un fenómeno imparable al menos desde 1850, de manera que, mientras los municipios de menos de 10.000 habitantes no han dejado nunca de perder población, los que superan la cota de los 20.000 han visto aumentar, de manera continuada, el número de sus vecinos. Es cierto que tal proceso fue muy paulatino durante el siglo que media entre aquella fecha y 1950, y que tras ella, primero con la industrialización y después con la terciarización de la economía, se aceleró notablemente hasta llegar a nuestros días, otorgando un papel central a las grandes ciudades y, desde 1970, también a los municipios de su hinterland.

No se crea que este fenómeno es privativo de España, porque ha tenido lugar en todos los países del mundo a medida que sus economías se han ido desarrollando. Ello responde a un fenómeno descubierto y teorizado por Alfred Marshall en sus Principios de economía –publicados en 1890– que ha acabado designándose como aglomeración. Las fuerzas que la empujan son complejas e inexorables, motivo por el cual Velázquez las considera como “la otra mano invisible” que complementa a la del mercado que teorizó Adam Smith. Se trata de una combinación de economías de escala en la producción, sinergias entre empresas y reducciones de costes de transporte y transacción asociadas a la proximidad que termina reflejándose en unos mayores niveles de productividad, vinculados al tamaño de las ciudades. Por ejemplo, en España, según revelan los trabajos de Velázquez, las economías de aglomeración explican que la productividad en los municipios más grandes –y en las regiones donde se localizan– pueda ser hasta diez veces mayor que en los más pequeños.

Las consecuencias de la aglomeración son obvias: la población se desplaza hacia las ciudades medias y grandes porque es allí donde encuentra mayores oportunidades de empleo y enriquecimiento; y los pueblos se vacían dejando un rastro de desolación y abandono. Nadie piense que podrá evitarlo porque, además, como fruto de un cambio tecnológico extraordinariamente intenso, las actividades agrarias requieren muy poca mano de obra; y lo mismo puede decirse de los servicios, principalmente turísticos, que pueden ofertarse en el medio rural.

Así pues, la España vacía parece llamada a perpetuarse. Desde 1842 hasta ahora, según datos del INE, han desaparecido 3.376 municipios, y es probable que esta cifra aumente en un plazo no muy largo, si tenemos en cuenta que actualmente quedan 1.364 pueblos con menos de cien habitantes. Pero que esto sea así no significa que quienes viven en esa España vacía tengan menos derechos que los que habitan en la España urbana y cosmopolita; que sean menos acreedores a los servicios públicos básicos, como la sanidad, la educación, la asistencia social, el transporte y las telecomunicaciones, o a los servicios financieros y comerciales. De ahí que haya que desarrollar políticas que impidan la discriminación de quienes, por el motivo que sea, han optado por domiciliarse en pueblos pequeños. Para ello, tal vez sea necesario recuperar el debate acerca de la fusión de ayuntamientos, a fin de alcanzar el tamaño que requieren unos servicios municipales de calidad; y también pudiera resultar conveniente revertir decisiones del pasado –como la que dio lugar a la supresión de la Caja Postal– adoptadas en un contexto muy diferente del actual. En todo caso, las decisiones a tomar son cada vez más urgentes, aunque seguramente debieran desvincularse de la contienda electoral.

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