¿Está Cataluña cerca del Maidán, aquella ‘Revolución Naranja’ que iniciaron los estudiantes en la plaza de Kiev en 2013? Su “servicio secreto” encargó a los CDR el “asalto al Parlament”

Los investigadores sostienen que el Cesicat “estaba plenamente al corriente de la operación” y que la hermana de Puigdmeont actuó de “enlace”

Asaltar el Parlament el día de la notificación de la sentencia del procés -el denominado día D- fue un objetivo “encomendado” por el CNI catalán a los Comités de Defensa de la República (CDR). Así lo recoge el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, en los autos de prisión de los siete CDR encarcelados por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos.

La investigación de la operación Judas ha acreditado que el denominado CNI catalán ha sido, presuntamente, el cerebro del plan urdido para asaltar y ocupar el Parlamento catalán, según consta en algunas de las resoluciones del magistrado, adelantadas por la Cadena Ser y a las que ha tenido acceso EL MUNDO, así como en las pesquisas llevadas a cabo en secreto por la Guardia Civil durante más de un año y medio en coordinación con la Fiscalía de la Audiencia.

El magistrado destaca en uno de sus autos que constan en el sumario conversaciones telefónicas intervenidas a los investigados en las que “se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el precitado día D, con el fin último de subvertir el orden constitucional”.

“El desarrollo del plan, encomendado por parte del denominado CNI catalán se habría asumido y planificado por parte del propio ERT (Equipo de Respuesta Táctico), estando implicados en varias de las iniciativas que conformarían dicho plan”, subraya García Castellón.

Por su parte, fuentes de la investigación aseguraron a este periódico que el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) era “pleno conocedor” de la operación para que el ala más radical de los CDR -un grupo de “carácter terrorista y con fines secesionistas”- asaltara la Cámara autonómica catalana como sabotaje a las hipotéticas condenas que el Tribunal Supremo va a imponer a los promotores del desafío independentista catalán, que proclamaron de forma unilateral la independencia de Cataluña en octubre de 2017.

Este organismo, dependiente del Gobierno catalán, ya ha sido investigado durante los últimos años por apoyar el proceso unilateral de independencia. El Cesicat nació en 2009 teóricamente para controlar la seguridad de las telecomunicaciones catalanas, pero, como ya denunció la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se ha acabado convirtiendo “en una especie de Agencia de Seguridad Nacional en el entendimiento de que constituye una de las estructuras básicas para el funcionamiento de Cataluña como Estado independiente”, asumiendo para ello “funciones que legalmente no le están asignadas por ser competencia del Estado”.

REUNIÓN CON LA HERMANA DE PUIGDEMONT

Por otro lado, en los autos de prisión, el magistrado Manuel García Castellón hace referencia a una fecha clave, el 15 de septiembre de 2018, cuando “el ERT organizó, planificó y ejecutó una reunión secreta in itiniere con la hermana del ex presidente Carles Puigdemont con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre el ex presidente huido de la Justicia española Puigdemont y el actual presidente de la Generalitat Joaquim Torra”.

Ese encuentro, que según se desprende de la investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional llegó a producirse, exigía “grandes medidas de seguridad que fueron asumidas y adoptadas por parte del ERT”.

Según recalca el auto del juez, participaron en esa reunión Ferran Jolís Guardiola, Eduardo Garzón Bravo, Guillem Xavier Duch Palau, Clara Borrero Espejo y David Budria Altadill integrantes todo ellos del ERT.

Por otro lado, la investigación ha podido determinar también que algunos de los miembros de los CDR detenidos participaron en un acto de sabotaje el pasado mes de febrero durante el traslado de los líderes independentistas al Tribunal Supremo.

Según el instructor de la operación Judas, los imputados Duch, Garzón o Ros intervinieron “en un acto delictivo que el derrame de gran cantidad de aceite en la calzada de la carretera C-55, sin previo aviso”. Esta maniobra la llevaron a cabo “al paso del convoy que trasladaba a los políticos presos del centro penitenciario de Lledoners a Madrid”. Lo cual “generó”, a juicio del instructor, “un grave riesgo para la seguridad vial y, por ende, para las personas que circulaban por la citada carretera”.

Para llevar a cabo este tipo de acciones, prosigue el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, dispusieron de medios técnicos para blindar sus comunicaciones, tales como “teléfonos clandestinos y walkie talkies” a lo que se unió la utilización por parte de los implicados de “un lenguaje convenido” para despistar a los investigadores en caso de sufrir una intervención telefónica.

Los CDR detenidos se reunieron con una hermana de Carles Puigdemont

Varios de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en la operación Judas se reunieron con una hermana de Carles Puigdemont con el objetivo de intercambiar “información sensible” y abrir un canal de comunicación seguro entre el ex president fugado y el actual responsable de la Generalitat, Quim Torra.

Asi se refleja en los autos de prisión dictados el pasado 26 de septiembre por el juez de la Audiencia NacionalManuel García Castellón contra siete de los nueve detenidos. Las resoluciones indican que el 15 de septiembre del año pasado los investigadores fueron testigos de “una maniobra orquestada por el ERT” que se desarrolló “en la máxima clandestinidad”. Se trataba del encuentro “con una persona que, por la reacción de los integrantes al conocer su identidad, debía tener un componente peligroso”.

Según reveló este domingo la Cadena Ser y ha confirmado este diario, esa persona era una hermana de Puigdemont. Según el juez, el grupo desarticulado el pasado 23 de septiembre por la Guardia Civil ·organizó, planificó y ejecutó una reunión secreta in itinere con la hermana del ex presidente Carles Puigdemont”. Añade que el encuentro se produjo “con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre el ex presidente huido de la Justicia española y el actual presidente de la Generalitat Joaquim Torra”.

A ese encuentro asistieron Guillem Xavier Duch, Ferran Jolis, Eduardo Garzón, Clara Borerro y David Budria. Todos ellos fueron enviados a prisión por el juez como integrantes de un subgrupo radical de los Comités de Defensa de la República autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT).

El juez lo describe como “una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas”. El grupo también quería que otro arrestado, Xavier Buigas, estuviera presente en el encuentro, pero las rapidez con la que se abordó lo hizo imposible.

Los autos indican que los investigadores conocieron el encuentro, preparado “con grandes medidas de seguridad”, gracias al análisis de los intervenciones telefónicas entre dos de los detenidos, Ferran Jolis y Xavier Buigas.

Las resoluciones judiciales citadas por la Cadena Ser indican que los investigadores han detectado “dos células complementarias” dentro del ERT, cada una con distintas funciones. Por un lado estaría el “núcleo productor”, encargado de obtener subrepticiamente los materiales químicos necesarios para fabricar explosivos en “laboratorios clandestinos”.

Por otro lado estaría el llamado “núcleo ejecutor”, conformado por los miembros más radicales del grupo. Su función sería la de emplear los explosivos elaborados por el primer grupo. A lo largo de más de un año de investigación, la Guardia Civil comprobó cómo ganaban experiencia haciendo prácticas con los explosivos.

El grupo, considerado terrorista por la Fiscalía de la Audiencia y el juez García Castellón, pretendía actuar el día D, que los investigadores señalan como el día de la sentencia del procés. El grupo tenía previsto ocupar ese día la sede del Parlament.

En el apartado de tareas, al detenido Jolís le tocaba garantizar la seguridad de las conversaciones con el exterior de la la Cámara legislativa. “Me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada”, dijo en una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil.

Marlaska envía a cerca de un millar de agentes a Cataluña para contener el ‘octubre caliente’

La radicalización del separatismo, la batasunización del Parlamento catalán, la exigencia de que la Guardia Civil abandone la región y la detención de nueve extremistas que el juez instructor de la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Guardia Civil consideran el germen de un nuevo grupo terrorista de ideología separatista no han pasado desapercibidos para el Ministerio del Interior, que este año desplegará más efectivos de la Policía y la Guardia Civil que el año pasado, durante el primer aniversario del referéndum del 1-O.

El despliegue decidido por el ministro Fernando Grande-Marlaska está siendo realizado con la mayor discreción posible con el objetivo de no excitar aún más los ánimos de las masas independentistas. A la tensión por el aniversario del 1-O se umará la provocada por la sentencia del procés que el Tribunal Supremo hará pública durante la segunda o la tercera semana de octubre. Una tensión que cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado dan por descontada sea cual sea la dureza o la benignidad de la decisión de la Sala presidida por Manuel Marchena.

“No habrá un Piolín 2” dijo el pasado 19 de septiembre la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, en referencia al más conocido de los tres barcos en los que se alojaron parte de los 6.000 agentes enviados por el Gobierno de Rajoy a Cataluña en septiembre de 2017 para impedir la celebración del referéndum del 1-O. Lo dijo durante una entrevista en el programa de TV3 Els matins.

Por razones obvias de seguridad, el Gobierno suele mostrarse reticente a dar la cifra exacta de agentes desplegados y las unidades a las que pertenecen. Las últimas noticias hablaban de 750 agentes, pertenecientes a quince grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Pero las fuentes consultadas aproximan ese número al millar.

Las cifras suelen ser sensiblemente superiores a las que se admiten ante los medios. Todas las fuentes aseguran que el número será este año muy superior al del año pasado, cuando el Ejecutivo desplegó a unos 600 antiditurbios de la UIP para el primer aniversario del 1-O.

Una misión de varias semanas

En 2019, como ocurrió también en 2018, la versión oficial es la de que esos agentes se limitarán a proteger edificios oficiales pertenecientes al Estado, como las comisarías o la Delegación del Gobierno en Barcelona. Oficialmente también, la UIP sólo intervendrá en los previsibles choques callejeros que se producirán en las calles y las carreteras catalanas si los Mossos d’Esquadra solicitan su ayuda.

Junto a los agentes de la UIP se desplegará también un número indeterminado de guardias civiles, que se incrementará o disminuirá en función del análisis de riesgos que realice el Ministerio del Interior.

Lo que también parece confirmado es que la mayoría de los agentes desplegados no volverán de inmediato a sus cuarteles de origen tras el 1 de octubre, sino que permanecerán en la región durante semanas, en previsión de nuevos altercados, hasta la publicación de la sentencia del procés y a la espera de la posterior reacción.

Los agentes recién llegados se sumarán a los casi 3.600 agentes de la Guardia Civil y los 3.400 de la Policía Nacional presentes de forma permanente en Cataluña y destinados a todas aquellas tareas y competencias no cubiertas ya por los Mossos d’Esquadra: lucha antiterrorista, narcotráfico, aeropuertos, puertos, Policía judicial o Seprona.

Según las fuentes oficiales, el despliegue en Cataluña se llevará a cabo en coordinación con los Mossos d’Esquadra. La confianza entre ambos cuerpos, que se había recuperado parcialmente tras la aplicación del 155, se ha enrarecido tras la nueva oleada de radicalización del separatismo. Y fruto de ello es el hecho de que la Guardia Civil ocultara a los Mossos el verdadero objetivo de la operación Judas en la que se detuvo a nueve miembros de los CDR por temor a que la Policía autonómica catalana, o incluso el Gobierno catalán, pudieran filtrar la información acerca de la redada a los nueve CDR arrestados.

Más allá del despliegue de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, también los Mossos d’Esquadra están preparándose para este nuevo octubre caliente del separatismo, en su caso con material antidisturbios novedoso. Es el caso de un nuevo tipo de vallas de un metro y medio de altura que evita las acometidas de la muchedumbre y también que estas sean lanzadas contra los policías. O el posible uso de gas pimienta, menos lesivo que las habituales defensas de los agentes, pero más efectivo por la fuerte sensación de ahogo que provoca en el sujeto que entra en contacto con él

El poder económico de Cataluña sigue hundido dos años después del 1-O

Mientras Europa mira con preocupación cómo evoluciona la economía, el Gobierno de Quim Torra prefiere seguir centrado en alentar la independencia, la insurrección al Supremo y el ‘asalto’ a la Constitución. Al contrario que el Ejecutivo de España o el resto de europeos, el catalán saca pecho de cómo están las cosas. Basta analizar lo que decía el propio Torra hace unas semanas en el Parlament: “La economía catalana va bien y a pesar de todos los incumplimientos del Estado es un país en marcha y a punto”.

Unas palabras que hicieron removerse en sus asientos a más de un empresario catalán. Parecen ser más conscientes de que un costipado (o un gripazo) de Europa acabará contagiando a España y, por tanto, a Cataluña. No sólo eso, es que saben (porque lo padecen) que las heridas provocadas por el 1-O todavía no se han cerrado, y que las consecuencias que tuvo para la economía catalana parecen ser irreparables dos años después.

Basta con fijarse en la evolución del PIB de Cataluña para darse cuenta. Hasta el mes de octubre de 2017 la región crecía más que la media de España. A partir de entonces la cosa cambia. Si en el tercer trimestre del 17 la economía catalana avanzaba un 3,4% frente al 2,9% de la española, en el cuarto la situación era del 2,9% para Cataluña frente al 3,1% a nivel nacional. Un cambio de tendencia que ha ido acentuándose con el paso de los meses.

Según los datos que proporciona la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), en el segundo trimestre de 2019 el PIB catalán crecía un 2,1% frente al 2,3% de la media del PIB del país. ¿Los motivos? Muchos y variados, pero sobre todo la incertidumbre que se abrió tras la ‘fugaz’ independencia declarada por el entonces presidente, Carles Puigdemont.

La economía catalana ha visto perder desde entonces a más de 5.500 empresas de la región, según datos del Colegio de Registradores. ¿Su destino? Madrid, en su mayor parte. Eso explica, en parte, el mayor crecimiento que ha tenido el PIB de la capital frente al catalán, algo que tampoco ocurría entre 2014 y 2017. Por si fuera poco, y según el BBVA Research, en estos dos años la economía catalana ha dejado de crear algo más de 30.000 puestos de trabajo.

Si se mira en términos de empleo, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el principal impacto tuvo lugar en los primeros meses tras el 1-O, aunque luego fue recuperándose progresivamente. Ahora bien, uno de los primeros síntomas de que las cosas empeoran ya en Cataluña, es que en agosto las listas del paro se incrementaron en 12.500 personas.

Otro de los efectos que hubo sobre la economía catalana tras el 1-O es la espantada de la inversión extranjera. Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), en el primer semestre del año ha caído un 16,8% respecto al 2018 y un 31 por ciento si nos fijamos con el ejercicio 2017. Es decir, que los extranjeros prefieren invertir su dinero en otras Comunidades Autónomas.

Madrid, beneficiada

En ese sentido Madrid ha sido la gran beneficiada. El 81% de la inversión extranjera en 2018 tuvo esa Comunidad como destino. Es cierto que el dato está muy hinchado por la venta de Abertis, aunque no debe olvidarse que el gestor de infraestructuras fue una de las muchas empresas que se marcharon de Cataluña tras el 1-O.

No sólo fue Abertis. También otras empresas señeras como Caixabank, Fundación Bancaria La Caixa, Naturgy, Amiral, Sabadell, Zurich, Allianz, etc. Buena parte de esas compañías eran entidades financieras y de seguros que buscaban seguir bajo el paraguas de Europa si las cosas empeoraban. Sobre todo después de comprobar cómo en cuestión de semanas se esfumaron 37.500 millones de euros en depósitos de las sucursales bancarias.

Según los datos del Banco de España las cosas no empezaron a recuperarse hasta el segundo trimestre de 2018. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues que el dinero no ha vuelto todavía a Cataluña: sólo 20.000 millones han retornado hasta la región, lo que demuestra la desconfianza que existe en torno a la política que aplica el Gobierno de la Generalitat.

Es cierto que pese a estas cifras ‘macro’ Cataluña sigue siendo una economía con gran peso económica en España. Se mantiene como líder en aportación del PIB a la economía del país gracias a su fuerte tejido industrial, pero la actividad fabril empieza a resentirse (por los fríos vientos que vienen del exterior) y eso pasará factura.

Ahora bien, los datos son importantes, pero lo que realmente ha perdido cataluña es poder económico. ¿Qué se entiende por poder económico? Capacidad de influencia. Es decir, que en su economía haya centros de decisión de las empresas, algo que se fue perdiendo a medida que iban saliendo sedes sociales tras el 1-O.

Se trata de una preocupación que los propios empresarios catalanes trasladaron a Torra en la última reunión celebrada en Sitges por el Círculo de Economía. Allí su expresidente, Juan José Brugera, alertaba a Torra de que esa pérdida de poder “empezaba a notarse”, y que eso podía pasar factura en el futuro.

Un mensaje que trasladaba también al propio presidente de la Generalitat el nuevo responsable del Círculo, Javier Faus, hace tan sólo unos días. Instó a avanzar en la competitividad de la economía, y a abordar la redefinición del modelo territorial desde el diálogo y dando a Barcelona un gran peso como área metropolitana.

¿Qué dijo Torra? Hizo oídos sordos, como demuestra el hecho de que su Gobierno haya anunciado ya su intención de subir el IRPF en el tramo autonómico y también los impuestos medioambientales. Toda una declaración de intenciones en plena llegada de la recesión económica.

Torra tiene claro su objetivo, y no parece que éste case con el que tienen los empresarios. Ahora sólo queda esperar que la pérdida de poder económico no empieza a afectar también a su peso en el PIB del país. Sobre todo, porque la gran locomotora, Barcelona, no parece que vaya a tener oportunidad de salir al rescate con un Gobierno como el de Colau que también tiene su propio proyecto.

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