Urge reformar la ley de partidos, la ley electoral, desmantelar el “estado de las autonomías” y recentralizar la enseñanza pública, la sanidad y la justicia… eso, para empezar.

Carlos Aurelio Caldito Aunion

Carlos Aurelio Caldito Aunión

La principal causa de la caótica y terrible situación que aqueja a España y a los españoles, radica en la deserción de las mentes más privilegiadas de nuestra nación, como nos explicaba Joaquín Costa en su “Oligarquía y caciquismo como la actual forma de gobierno en España, urgencia y modo de cambiarla”: El régimen oligárquico-caciquil descrito por Joaquín Costa, referente a la España de hace más de un siglo, y que, por desgracia en la actualidad sigue prácticamente intacto, posee una importante característica: un elitismo perverso que, impide “la circulación de las élites”; en el régimen caciquil los más capaces y los mejor preparados son apartados, “es la postergación sistemática, equivalente a eliminación de los elementos superiores de la sociedad, tan completa y absoluta que, la nación ni siquiera sabe que existen; es el gobierno y la dirección de los mejores por los peores; violación torpe de la ley natural, que mantiene lejos de la cabeza, fuera de todo estado mayor, confundida y diluida en la masa del rebaño servil, “servum pecus”, la élite intelectual y moral del país, sin la cual los grupos humanos no progresan, sino que se estancan, cuando no retroceden.”

Pero para que triunfen el caos y la estupidez, para que triunfe el fracaso de la inteligencia, tanto individualmente como socialmente, para que España haya llegado a ser una meritocracia a la inversa, para que hayan triunfado “los peores” es imprescindible que esté presente el defecto, la ausencia, o inhibición de la presión por la excelencia.
Ninguna Nación medianamente sensata está constantemente poniendo a debate su forma de “jefatura de Estado”, o su forma de organización territorial, o las competencias de su Ejecutivo, o de su Legislativo, o de su Poder Judicial; tampoco hay ningún país de nuestro entorno cultural en el que se esté constantemente cuestionando su política exterior (en España cuando cambia el Gobierno los que hasta entonces eran aliados pasan a no serlo, y viceversa…) Tampoco en ningún país civilizado se está constantemente cambiando el sistema de sanidad pública, o el sistema público de enseñanza, y tantas y tantas cosas más que conducen a los ciudadanos a pensar que en España las reformas nunca se acaban, con el consiguiente desánimo que produce la constante transitoriedad en la que nos tienen instalados quienes nos “mal-gobiernan” desde hace más de cuatro décadas…
Cualquier sociedad que esté en sus cabales, cuyos miembros no estén embrutecidos o encanallados, procura evitar que la gente viva inmersa en continuos sobresaltos, busca la manera de que quienes la integran se sientan miembros de una sociedad estable, perdurable, próspera; y para que eso sea posible es imprescindible que existan “absolutos”, sí, asideros incuestionables.
Estoy hablando de la necesidad de “absolutos incuestionables”, porque si no es “así”, pues si estos asideros incuestionables no existiesen, estaríamos obligados a aceptar que la mayoría puede hacer lo que le dé la gana, y por lo tanto cualquier cosa que hace/decide la mayoría es buena porque “son la mayoría”, siendo pues éste el único criterio de lo bueno o lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto.
Cuando una democracia liberal posee “absolutos incuestionables” solo permite que la soberanía de la mayoría se aplique exclusivamente, a detalles menores, como la selección de determinadas personas. Una democracia liberal con “absolutos incuestionables” nunca  consentirá que una mayoría tenga capacidad de decidir sobre los principios básicos sobre los que ya existe un consenso generalizado, ya que a nada conduce estar constantemente poniéndolos a debate y refrendo. En una sociedad abierta, de democracia liberal nunca se ha de permitir que una mayoría posea capacidad de solicitar, y menos de conseguir, que se infrinjan los derechos individuales o de alguna minoría.
Asistimos a un caos intelectual de tal magnitud (derivado de la estupidez de la que vengo hablando) que, a menudo olvidamos que, el gobierno correcto es aquel que protege la libertad de los individuos. Y la única forma posible es reconociendo y protegiendo sus derechos a la vida, la libertad, la propiedad, y a la búsqueda de la felicidad (que no es lo mismo que “hacerlos felices”). Y como es lógico, debe identificar y castigar a aquellos que violan los derechos de sus ciudadanos, sean criminales nacionales o agresores extranjeros.

Bien, después de esta digresión-reflexión imprescindible a mi modo de ver, volvamos a la actualidad.

Ayer, domingo, 10 de noviembre, hubo elecciones, y como resultado de ellas, cualquiera que está medianamente informado, llega a la conclusión de que, salvo que alguien, o algunos, pongan orden y obliguen a PP y PSOE a pactar, y emprender un profundo cambio en multitud de ámbitos (empezando por la ley electoral, siguiendo con la ilegalización de los partidos separatistas, y la recentralización de la enseñanza pública, la sanidad y la justicia)… estaremos cada vez más metidos en un círculo vicioso, perverso; nuevas elecciones, y vuelta a empezar…
Cada vez que hay elecciones, y de un tiempo a esta parte España está en campaña electoral de forma permanente o casi, se acaba hablando de que hay que reformar la ley electoral española. Rara es la ocasión en la que alguien no se queja de que los partidos políticos que, tienen como objetivo destruir España no deberían estar presentes en el Congreso de los Diputados (de veras que España, “Spain ist different” también en este aspecto, pues en ninguna nación sensata se permite tal cosa y por supuesto en ningún país de nuestro entorno se subvenciona a los separatistas por parte de ningún gobierno central, o cosa parecida). Luego están los que cuestionan la “ley D’Hont” puesto que impide que todos los españoles seamos iguales a la hora de elegir a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, pues no vale igual un voto en Finisterre que en La Línea de la Concepción pongo por caso; no, eso tantas veces repetido de que “tu voto es importante, tu voto decide” no es cierto, eso de “un hombre un voto” en España es una de las grandes mentiras que se publicitan por parte de quienes dicen de sí mismos ser los representantes de la “ciudadanía” y que tienen “vocación de servicio”.

Sí, de vez en cuando tal cual ocurre con el río Guadiana, desaparece el “debate” y vuelve a aparecer.

Rara es la ocasión en la que no se hace referencia a que si en lugar de haber 52 circunscripciones (habría que llamarlos distritos) hubiera una sola, las cosas serían diferentes. Evidentemente quienes de eso hablan están pidiendo que se vote una única lista de cada agrupación política en toda España, tal como se hace en las Elecciones para el Parlamento Europeo. Quienes apuntan tal posibilidad, sea de forma consciente, sea por ignorancia, están olvidando que si se hiciera tal cosa, incluso por el sistema de listas abiertas –como ya se hace ya con las elecciones para el Senado, esa cámara que nadie sabe para qué sirve, pues carece de atribuciones- lo que se conseguiría sería alejar más a la gente de quienes pretenden ser sus representantes… en suma, promover la abstención.

¿Quién o quiénes conocen ahora a los candidatos de cada circunscripción electoral cuando van a depositar su voto en la urna, quiénes los conocen, acaso saben qué proyectos tienen para la provincia, o mejor dicho para quienes habitan en la provincia en la cual se presentan? Evidentemente nadie, sabe quiénes, ni cuántos, son los diputados electos por su provincia… pregunten, pregunten y lo corroborarán.

Y esto es así por la sencilla razón de que, quienes elaboran las listas de candidatos de cada provincia, son miembros del “comité de notables” de cada lobby (léase “partido político”) y cada lobby tiene una “bolsa de empleo” a la que recurre cuando viene al caso. Esa es otra cuestión: los partidos políticos, incluidos esos que claman por que se realicen “elecciones primarias” y expresiones semejantes, no son democráticos (a pesar de que la Constitución Española de 1978 diga que es obligatorio que lo sean) no son sus afiliados quienes eligen a los candidatos, y tampoco se realiza ningún “casting” que, no sea el que llevan a cabo quienes cortan el bacalao en cada agrupación política. Evidentemente mediante este procedimiento de selección se consigue fidelidad de los agraciados y lo que llaman “disciplina de partido”…

Y, todo esto ¿Por qué ocurre?

Pues sencillamente porque quienes diseñaron el régimen político que dicen que “los españoles nos dimos”, lo hicieron a propósito, su objetivo era crear y consolidar una partitocracia, cuya principal característica es que una oligarquía, con sus correspondientes caciques distribuidos por todo el territorio nacional, controla todos los resortes del poder (mejor dicho de los tres poderes) a la vez que posee una amplia red clientelar que concede trato de favor y regalías a sus potenciales votantes, les concede subsidios, ayudas de todo tipo, subvenciones, y así, de ese modo los “fideliza”, consigue su apoyo a ultranza.

Y me dirán ustedes ¿Qué solución es posible para acabar con semejante entramado corrupto, calificable de mafioso, gansteril o casi?

Pues muy sencillo, emprender una reforma en la que se implante un sistema estrictamente proporcional; los diputados serían elegidos en distritos uninominales por mayoría absoluta, por supuesto instituyendo la lo que supone la “doble vuelta” par los casos en que ningún candidato consiguiera la mitad más uno de los votos, y descartando en esa doble vuelta a los candidatos menos votos, excepto los dos candidatos más votados.

Evidentemente eso supondría tener que crear distritos electorales que no coincidirían con las actuales provincias, y por supuesto tampoco con las regiones…

 ¿Derecho a decidir qué?

 Otra grandísima mentira es que la gente tiene derecho a decidir, a opinar, en unas elecciones, votando sobre todo, ya que al parecer la gente sabe de todo, dado que el común de los mortales aparece por este mundo con ciencia infusa, y no hay nada que se le resista…

La mayoría de votantes, tanto en España, como en el resto de Europa, no tienen opiniones demasiado bien definidas sobre demasiados asuntos. Casi todos afirman que saben ubicarse en la izquierda o la derecha, y dicen saber quiénes son “los suyos”, aunque no sepan explicarlo demasiado bien, como tampoco saben dar razones de por qué votan al partido al que votan siempre o casi siempre. Tienen una ideología y una afiliación partidista, y más o menos son capaces de asociar partidos a ideas y colocarlos en una escala de más conservador a más progresista razonablemente bien, pero no saben del todo bien acerca de qué medidas concretas definen ser de izquierdas o ser de derechas más que cuatro ideas generales. A poco que el debate se aleje de temas tradicionales (impuestos, igualdad, servicios sociales) la mayoría andan bastante perdidos.

Éstas son algunas de las razones por las que es imprescindible que existan “absolutos incuestionables”, como también que el gobierno tenga una capacidad limitada de actuación, de manera que no pueda atentar contra los derechos de ninguna minoría y mucho menos atentar contra la propiedad privada o la vida de los ciudadanos; aunque cuente, supuestamente, con el respaldo de la mayoría social.

En la España actual, en la que existe un clamor cada vez más extendido de que hay que emprender con urgencia extrema una profunda regeneración, y/o liquidar el régimen de 1978, cada vez estamos más necesitados de una terapia de choque, que pongan en funcionamiento un sistema político cuya idea fundamental sea la “desconfianza”, sí aunque suene provocador, o políticamente incorrecto en la era del consenso, del “yo quiero tener un millón de amigos”; esa es la idea-fuerza que inspiró a Montesquieu, a Locke y a quienes hace varios siglos hablaron de la necesidad de implantar un régimen con estricta separación de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

Claro que no podemos olvidar que la propuesta de la división de poderes atenta contra uno de los principios básicos y elementales de la política: el poder político no tiende a dividirse y, en caso de resultar dividido, acabará intentando permanentemente y por todos los medios su reunificación.

El poder político no es proclive a dividirse por la sencilla razón de que quienes lo ostentan no tienen intención de compartirlo de forma voluntaria. El poder político siempre tiende a concentrarse. Esto es así tanto en la economía como en todos los ámbitos del Estado. Quienes logran “conquistarlo”, proceden a consolidarlo y posteriormente “expandirlo”. Quienes transitoriamente lo pierden, intentan recuperarlo a toda costa; pero nadie en su sano juicio lo comparte, o lo cede, a menos que esté inevitablemente forzado a hacerlo.

Dado que los cargos legislativos y ejecutivos dependen del resultado de campañas electorales, y puesto que la magnitud y la eficacia de las campañas dependen principalmente del dinero invertido tanto en ellas como en los medios de difusión/información que “crean” la opinión pública, a través de la opinión publicada, los ciudadanos más ricos, más adinerados — que son quienes financian esas campañas y a los medios de información — se reservan para sí el poder de decisión sobre quienes podrán y quienes no podrán competir en la arena política con alguna razonable probabilidad de éxito. Y aun así, los que puedan deberán, antes, asumir los compromisos impuestos por los que mandan y los financian.

De este modo y a los efectos prácticos, el voto popular se convierte en una opción dentro de un espectro de posibilidades previamente seleccionado por la plutocracia, régimen oligárquico en el que la sociedad está gobernada o controlada por la minoría formada por sus miembros más ricos .

En otras palabras: el votante opta, pero no elige. Controlados así los dos “poderes” principales, el tercero — es decir, el Judicial — ciertamente resulta “casi nulo” porque, por un lado no tiene más margen de maniobra que el que le permiten las leyes dictadas por el Legislativo con la reglamentación del Ejecutivo y, por el otro lado, la designación de los miembros del Poder Judicial es el resultado de una negociación entre las diferentes facciones de los otros dos poderes.

La realidad concreta, la cruda realidad es que los jueces dependen de los políticos y los políticos dependen de quienes les financian y publicitan las campañas electorales.

Por todo ello, está de más decirlo, la corrupción generalizada de todo el sistema está prácticamente garantizada y la única regla realmente vigente es “poderoso caballero es don dinero”, o sea: el que tiene dinero es el que hace las normas, y… el que hace la ley hace la trampa.

Una vez vistos algunos inconvenientes de tener Gobiernos, Parlamentos, Poder Judicial, inevitablemente surge una pregunta:

¿Necesitamos instituciones “así”? ¿Por qué?

Un gobierno es una institución que posee el poder exclusivo de poner en vigor ciertas reglas de conducta social en un área geográfica determinada.

El único propósito <el correcto> de un gobierno –aunque pueda parecer una perogrullada recordarlo- debe ser hacer que los ciudadanos puedan vivir en sociedad, protegiendo los beneficios y combatiendo los males que puedan causarse entre sí.

Las funciones propias de un gobierno se dividen en tres grandes categorías, todas ellas relacionadas con el uso de la fuerza física y la protección de los derechos del individuo: la policía para defender a los ciudadanos de los criminales, las fuerzas armadas para protegerlos de invasores extranjeros, los tribunales de justicia para solucionar los litigios entre ellos de acuerdo con leyes objetivas.

Con tales fines se creó hace varios siglos en los actuales Estados Unidos de Norteamérica un sistema de “contención y equilibrio”, y si bien ciertas contradicciones en su Constitución dejaron abierta la posibilidad para un posterior crecimiento del estatismo, del intervencionismo, la idea de una constitución creada como medio para limitar y restringir el poder del gobierno constituyó un hallazgo, un logro incomparable, antes nunca conocido.

La Constitución de los EEUU fue creada con la única intención de que fuera una limitación impuesta al gobierno y no a los individuos particulares; en ella no se reglamenta la conducta de los individuos sino la del gobierno. La Constitución Estadounidense no es una carta de privilegios para el poder del gobierno, sino una carta de derechos para la protección de los ciudadanos contra el poder del gobierno.

En España el Gobierno en lugar de ser un protector de los derechos de las personas, se está convirtiendo en su más peligroso violador; en lugar de defender la libertad, está estableciendo la esclavitud; en lugar de proteger a los ciudadanos de aquellos que inician el uso de cualquier clase de violencia, es el gobierno quien lo hace, y aplica la coerción de cualquier manera y en cualquier cuestión que se le antoje; en lugar de servir como un instrumento de imparcialidad en las relaciones humanas, suscita inseguridad, incertidumbre y miedo mediante leyes no objetivas cuya interpretación está supeditada a la decisión arbitraria de burócratas circunstanciales; en lugar de proteger a los hombres de los daños que puedan experimentar debido a conductas caprichosas, el gobierno es quien se arroga el poder de hacer valer sus caprichos sin límites, de manera que nos estamos acercando rápidamente a la etapa de la inversión final: el estadio donde el gobierno se halla en libertad de hacer lo que le plazca, mientras que los ciudadanos sólo pueden actuar si el Gobierno les da permiso…

Si finalmente en España, sea porque el actual régimen, nacido de la denominada “transición”, de la Constitución del año 1978 acaba muriendo colapsado, sea porque los españoles acaban derrocándolo por hartazgo; si finalmente entramos en un periodo constituyente, habría que redactar una nueva constitución, (además de una nueva ley electoral con las características antes descritas), mediante la cual se instituya una estricta y real separación de los poderes del Estado, una constitución en la que la “filosofía” principal que la guíe sea la desconfianza, en la que subyazca la idea de que a los gobernantes, legisladores y jueces hay que aplicarles sistemáticamente la presunción de culpabilidad, y respecto de los que se han de crear contrapoderes, mecanismos de control, de contención que se lo impida; pues la voluntad de poder es una cosa especialmente tentadora ¿O no?

Aunque sería muy extenso desarrollar de forma pormenorizada cómo debería ser ese nuevo texto constitucional, no puedo acabar sin mencionar que, sería imprescindible que en él se previeran mecanismos para eliminar estructuras o políticas que incentiven la corrupción, también se debería prever una regulación estricta de la financiación de los partidos políticos (y sindicatos y demás paniaguados) y eliminar toda clase de subvención, y sobre todo las que carecen de un control efectivo, las que favorecen los sobornos.

El nuevo texto constitucional debería incluir resortes para el control social sobre las instituciones. Este control exige evitar conflictos de intereses, y en concreto impedir que el supervisor tenga intereses sobre lo que controla.

Y, otra cuestión importantísima: Habría que recuperar, reimplantar, lo que desde “Las Partidas” de Alfonso X, el Sabio, se conocía con el nombre de “Juicio de Residencia”:

Era un procedimiento judicial mediante el cual funcionarios de cierto rango (Virreyes, Presidentes de Audiencia, alcaldes y alguaciles) eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de ese modo de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. Dicho proceso se realizaba al finalizar su mandato, al acabar el ejercicio de su cargo y era ejecutado normalmente por la persona que le iba a sustituir. En el “Juicio de Residencia” se analizaba detenidamente con pruebas documentales y entrevistas a testigos el grado de cumplimiento de las órdenes reales y su labor al frente del gobierno. La investigación y la labor de recabar pruebas e información las realizaba un juez elegido por el rey en el mismo lugar encargado de reunir todos los documentos y de realizar las entrevistas.

La “residencia”, que es como acabó llamándose para abreviar, era todo un evento público que se pregonaba a los cuatro vientos para que toda la comunidad participase y tuviese conocimiento del mismo. Estaba compuesto por dos fases: una secreta y otra pública. En la fase secreta el juez interrogaba de forma confidencial a gran número de testigos para que declararan sobre la conducta y actuación de los funcionarios juzgados, y examinaba también los documentos de gobierno. Con toda esta información el magistrado redactaba los posibles cargos contra los residenciados. En la segunda fase, la pública, los vecinos interesados eran libres de presentar todo tipo de querellas y demandas contra los funcionarios y estos debían proceder a defenderse de todos los cargos que se hubiesen presentado en ambas fases del proceso.

Posteriormente, el juez redactaba la sentencia, dictaba las penas y las costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas a los que se castigaba a los enjuiciados eran multas económicas que llevaban aparejadas la inhabilitación temporal o perpetua en el ejercicio de cargo público.

Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812. Es muy sorprendente que fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes.

Y, ya para finalizar:

Habría que emprender un plan de “Alfabetizaicón/educación para la honradez”, posiblemente lo más importante a largo plazo.

En fin, nunca lo olviden: “La desconfianza es un arma cargada de futuro”.

Carlos Aurelio Caldito Aunión.

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